Las movilizaciones de los partidarios de la enseñanza concertada se intensifican en comunidades como Aragón, Andalucía y Extremadura, que ante el descenso demográfico optan por mantener la escuela pública en lugar de financiar la privada.
EDUARDO BAYONA @e_bayona
El desplome demográfico sitúa al sistema educativo español ante una dura reconversión que conllevará el cierre de decenas de miles de aulas, y previsiblemente de escuelas, como consecuencia del acusado descenso del número de niños en edad escolar, que se reducirán en casi una cuarta parte en dos décadas, según las Proyecciones de Población del INE (Instituto Nacional de Estadística).
Las sombras que se proyectan sobre el futuro del sector han intensificado las tensiones entre defensores de la escuela pública y partidarios de la enseñanza concertada –mayoritariamente católica-, en un enfrentamiento que se traslada al debate político en las instituciones y también a la calle, especialmente en las comunidades que, como financiadoras del sistema -5,768 millones en 2014-, optan por dar prioridad a la primera ante el descenso demográfico.
Así ha ocurrido en Andalucía, donde las protestas se suceden a pequeña escala desde que la Junta anunció en enero su decisión de dejar de financiar 23 unidades en centros privados; en Aragón, donde 20.000 personas se manifestaron a favor del modelo de conciertos antes de que el Gobierno autonómico decidiera suspender el pago de 13 y rechazar el inicio de dos en colegios del Opus que segregan por sexo para salvar 28 en centros públicos —decisión suspendida por orden judicial—, y en Extremadura, donde los colegios católicos recogen firmas contra un eventual recorte de la concertación.
En las tres comunidades gobierna el PSOE en minoría: en la primera con apoyo de Ciudadanos y en las otras dos, de Podemos y de otras fuerzas de la izquierda, como en Valencia y Asturias, donde las protestas se concentraron el año pasado.
